Consideraciones éticas y políticas del caso Pujol

El pasado 25 de julio el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, confesó no haber declarado a Hacienda una herencia de 4 millones de euros durante treinta y cuatro años. Una confesión que, sumada a las investigaciones a las que está siendo objeto y añadida a las causas abiertas contra algunos de sus hijos, induce la existencia de una fortuna familiar de origen ilícito que nunca habría sido gravada fiscalmente.
El comportamiento de Pujol merece ser criticado profundamente. Sean cuales sean los resultados judiciales de los diversos procesos en marcha, las acciones u omisiones del expresidente no han sido nada honorables y, de momento, -y como mínimo- irregulares. Sólo el tiempo dirá si estamos ante otro caso de corrupción política, pero, a día de hoy, los indicios dejan entrever mucho más que un “pecado” puntual de fraude fiscal.
No es fácil criticar a quien ha sido presidente del país durante veintitrés tres años y referente político (en singular y en mayúsculas) del catalanismo conservador desde el restablecimiento de la democracia. Algunos parece que renuncien a hacerlo (como nos recuerdan ciertas emisiones de TV3). Sin embargo, es del todo necesario si queremos reducir el descrédito de la política que se ha extendido en una ciudadanía saturada de casos de corrupción y que exige y no sólo “pide” – honestidad.

Como Pujol no es Cataluña, no se puede decir que criticarlo signifique ofender el país. Hoy muchos se animan a compartir un argumento que hasta no hace tanto era del todo intolerable para el catalanismo hegemónico (y si no que se lo pregunten a los fiscales Mena y Jiménez Villarejo, que promovieron su imputación en el caso Banca Catalana).
Ahora, más que Pujol no equivale a Cataluña, cuesta más entender que el caso Pujol y la consulta del 9N son realidades diferentes que es conveniente no mezclar. Mientras unos usan el caso Pujol para deslegitimar el referéndum en Cataluña, otros usan el referéndum para explicar la existencia de un “caso” Pujol. Unos quieren cobrarse la pieza y hacer descarrilar el proceso soberanista; los otros quieren expiar al líder presentando su confesión como un sacrificio patriótico ante la guerra sucia del Estado.
Instrumentalizaciones al margen, Pujol merece ser criticado por lo que ha confesado (que precisamente no es poco): que quien ha sido presidente de un país durante más de veinte años admita haber desatendido voluntariamente sus obligaciones fiscales es gravísimo y puede ser rechazado desde muchas perspectivas. Aquí nos centraremos en algunas de las implicaciones éticas y políticas que conlleva su declaración.
Pujol ha mentido a la ciudadanía durante treinta y cuatro años. Y no se puede decir en su descargo que lo haya hecho para proteger valores éticamente superiores (como Fujimori, que amparó sus mentiras en razones de seguridad nacional) o su intimidad (como alegó Clinton en el asunto Lewinsky). El ex-molt-honorable ha mentido a sus conciudadanos movido por el ánimo de lucro, por la voluntad de agrandar su patrimonio. Su ocultación ha supuesto un coste y un agravio moral hacia los que sí han cumplido con sus obligaciones fiscales. En un asunto de importancia capital para cualquier Estado (independiente, confederal, federal o autonómico), Pujol ha fallado a sus deberes cívicos de una manera cínica, insolidaria y burda. El hasta ahora presidente de CIU fue presentado durante años como el hábil estadista que hizo posible la consecución de más recursos para Cataluña. Ahora sabemos que al mismo tiempo empobrecía su país y debilitaba los servicios públicos no tributando lo que le correspondía. Pero Pujol siempre podrá decir que no nos engañaba del todo, que ya nos lo estaba diciendo desde hacía tiempo. Si nos fijamos en una conferencia impartida en 2012 bajo el título “Ética y política. Un binomio necesario y difícil “, el fundador de CDC ya avanzaba implícitamente la dificultad del binomio aplicado a su caso:
“Comprendo que la gente no tenga una buena idea de los políticos porque en general no dan un buen ejemplo” […] “la honestidad que se le debe exigir a un político a veces no es la misma que se le ha exigir a un ciudadano raso “[…]” Debemos tener presente que un político no pueda en un caso concreto aplicar exactamente los principios éticos “[…]” Hemos tenido una actitud de hacer cosas que no podíamos pagar al momento, que teníamos que pagar en cuarenta años “[…]” Porque, claro, si siempre tuviéramos que decir la verdad en el sentido más estricto, a muchos de nosotros nos costaría hacer todo lo que tenemos que hacer a la vida “.
Si analizamos la confesión de Pujol desde una perspectiva política, la gravedad del asunto aumenta sensiblemente. El comportamiento del ex plantea dudas que amenazan la calidad de la democracia en Cataluña y que afectan seriamente el respeto, la dignidad y la credibilidad del President de la Generalitat como primera institución del país. Algunas cuestiones que suscita su declaración nunca podrán ser esclarecidas al ser ya materialmente imposible. Otras, esperamos que lo sean lo antes posible.

La cuestión principal tiene que ver con los resultados de las elecciones al Parlamento de Cataluña entre 1980 y 1999, es decir, el período en que Pujol fue cabeza de lista de CIU. Hubiera obtenido esta fuerza política seis victorias electorales (en votos y en escaños) y tres mayorías absolutas si su líder hubiera publicado la confesión del 25 de julio al menos 15 años atrás? Habría castigado elelectorado de CiU una lista encabezada por otro candidato tras una confesión como ésta? Ya no será posible saberlo. Once años después de dejar el poder en la Generalitat y diez en el partido, es fácil para CIU diseñar un cortafuegos que intente neutralizar “en diferido” los efectos electorales de la revelación. Sin embargo, no es un disparate preguntarse si la ocultación de Pujol alteró la competencia electoral entre partidos en Cataluña como mínimo entre la primera y la sexta legislatura de CiU. Esta circunstancia representaría, en palabras de Ramón Miravitllas, biógrafo del ex presidente, “un fraude político que recuerda al fraude deportivo que han supuesto las victorias del ciclista Lance Amstrong”.

Otra cuestión es si el caso Pujol es “un tema personal”, como afirma el presidente Mas, o forma parte de algo de más recorrido, como por ejemplo, una trama de financiación ilegal de CDC basada en la percepción de comisiones ilegales para adjudicar irregularmente contratos públicos. De hecho, algunos indicios (como el caso de las ITV) y algunos precedentes (como el caso Palau) apuntan hacia esta dirección.
La tercera cuestión que suscita la confesión de Pujol es la de si alguien más de su entorno político conocía sus irregularidades fiscales o si incluso se trataba de una práctica tolerada y habitual en la cúpula de CDC. En este sentido, sería oportuno confirmar si el presidente Mas, beneficiario de un depósito de 500.000 euros que su padre tenía en el paraíso fiscal de Liechtenstein y que presuntamente fue regularizado en 2010, está al corriente sus obligaciones fiscales.

En resumen, la declaración de Pujol del 25 de julio tiene consecuencias gravísimas (éticas y políticas) que es conveniente no minimizar. El caso Pujol ha abierto muchos interrogantes a los que habrá que dar respuesta si se quiere regenerar la democracia en Cataluña y recuperar la maltrecha confianza en sus instituciones políticas.

Enric Miravitllas

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