De la monarquía y los panegíricos

Estos días se multiplican los opinadores que glosan la trayectoria del rey sin ahorrar elogios y que destacan el carácter indispensable de la Corona para el sistema político español. En los principales medios de comunicación prolifera información periodística de todo tipo que demostraría el amplísimo apoyo social a la sucesión dinástica de Juan Carlos I en favor del príncipe Felipe. Ahora bien, ¿es la monarquía imprescindible en nuestra comunidad política? ¿Qué atribuciones constitucionales tiene el rey? ¿Tan incuestionable es la mayoría ciudadana que apoya esta forma de Estado?
Los partidarios de la monarquía defienden que la Corona es un pilar esencial para garantizar la estabilidad del sistema institucional y para sostener la democracia como forma de gobierno.
En la Constitución se establecen las tres funciones básicas del rey: es símbolo de la unidad y la permanencia del Estado español; ejerce la más alta representación de España en las relaciones internacionales; y arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones del sistema político. ¿Son estas funciones —en especial la última— patrimonio exclusivo de quien siendo miembro “de la dinastía histórica” ​​accede a la dirección del Estado por herencia y de forma vitalicia? Pocos niegan la importancia del papel que jugó Juan Carlos I durante la Transición en favor de la estabilidad política y de la moderación de actores clave de la entonces joven democracia española. Sin embargo, 37 años después de las primeras elecciones democráticas y 33 desde el golpe de 1981, se hace difícil pensar que el miembro de una dinastía real —por el mero hecho de serlo—sea la única persona capaz de desempeñar las responsabilidades que conlleva ser jefe de Estado.

La monarquía puede ser considerada un pilar esencial de la democracia en España. De hecho, así lo refleja la Constitución en asimilar su reforma potencial (el cambio de 10 artículos) a una modificación total de la norma fundamental (cambiar 169). Sin embargo hay que reconocer que estamos ante una institución que tiene un encaje difícil en los principios democráticos. Si evitamos la tentación de resolver la cuestión limitándonos a decir que la monarquía dispone de legitimidad democrática porque su existencia se recoge en la Constitución (se calcula que menos de una cuarta parte de los españoles de hoy la han votado), podemos llegar a algunas conclusiones sobre la difícil coexistencia entre la Corona y la democracia.
En primer lugar, a diferencia del resto de los titulares de instituciones de mayor rango en el orden político (como las Cortes Generales, la presidencia del Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional), el rey no es elegido por los ciudadanos, ni directa ni indirectamente. Segundo, contra lo que se dice, el rey no es una figura ajena al proceso político y puede alterar el equilibrio entre poderes: el monarca tiene dos atribuciones constitucionales que —en caso de considerarlo oportuno— le permiten influir directamente en el poder ejecutivo. Después de unas elecciones generales, el rey puede proponer en el Congreso como candidato a la presidencia del Gobierno quien considere que tiene más posibilidades de formar una mayoría para gobernar. Esta facultad no está limitada por ningún otro apremio —como por ejemplo, proponer el candidato de la fuerza política que haya ganado las elecciones— que permitiría una alta discrecionalidad del monarca en el caso de un Congreso altamente fragmentado. Además, el rey puede presidir reuniones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno con el objetivo que considere conveniente, lo que hasta ahora ha hecho sólo de forma protocolaria en la primera reunión del Consejo en el inicio de cada legislatura. Tercero, el rey no es responsable político de sus decisiones y es un sujeto inviolable desde el punto de vista penal. Por esta razón y, a pesar de que no puede actuar válidamente solo en la mayor parte de los casos, el jefe de Estado queda fuera del control democrático (sobre todo en aquellas ocasiones en que sus actos no están refrendados) y no puede ser en ningún caso ni imputado, ni procesado ni condenado. Así, si el monarca cometiera algún error en su papel de moderador del funcionamiento de las instituciones o, por ejemplo, infringiera el código penal, no debería rendir cuentas ante ningún órgano ni institución, ni debería responder ante la justicia (a diferencia, por ejemplo, de su hija y del resto de ciudadanos).

Finalmente, nos planteamos la pregunta de si el apoyo a la monarquía es tan incondicional como se deriva de los editoriales que publican estos días los principales medios de comunicación: si usamos datos empíricos, comprobaremos que el grado de aceptación de la Corona por parte de la opinión pública se sitúa muy lejos del 90 % de parlamentarios que anuncia que votarán a favor de la ley de abdicación en pocas semanas. El grado de confianza en la institución ha disminuido un 54,16 % desde 1994, año en el que los ciudadanos la valoraron con 7,46 puntos sobre 10. Desde octubre de 2011, la institución suspende en todos los sondeos del CIS y, después del mínimo histórico de abril de 2013 (3,68), actualmente el grado de confianza se sitúa en el 3,72. En el barómetro de abril de 2014, la monarquía es la institución que más aceptación pierde en términos absolutos (1,17 puntos) y la tercera en términos porcentuales (-23,93%). Actualmente, la sociedad española confía más en el Defensor del Pueblo (3,87), los medios de comunicación (4,51), las Fuerzas Armadas (5,29), la policía (5,70) o la Guardia Civil (5,78) que en la monarquía.

Enric Miravitllas

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